Casa debía ser intervenida

01/Marzo/2012 | 00:10


Bien patrimonial se derrumba

La AZC notificó a los propietarios sobre la intervención a aplicarse por el deterioro de la infraestructura. La edificación data de 1930

La casa E4-68, asentada en un terreno de 900 m² y ubicada en la calle Los Ríos y Gran Colombia (centro de Quito), permanece con resguardo para impedir el ingreso de sus propietarios e incluso de los curiosos.

Parte de la estructura de esa edificación, que data de 1930, colapsó el martes pasado por la vetustez de los materiales con la que está construida: adobe, carrizo y madera.

Desde hace un mes, las cuarteaduras de la fachada alertaron a quienes habitaban en la propiedad y el domingo pasado, luego de una inspección realizada por personal de la Epmmop, Administración Centro y Bomberos, se recomendó la evacuación de sus 11 ocupantes. Al momento, ellos se encuentran en un albergue de La Tola. Por eso, cuando se produjo el derrumbe, la casa estaba vacía.

Ayer, Carmen Matute, copropietaria del inmueble, visiblemente emocionada, buscaba entre los escombros a una de las cuatro mascotas que habitaban el lugar. De repente, lleno de polvo, apareció Panchito, su perro. Los otros tres estaban a salvo.

Alexandra Ron, jefa de seguridad de la Administración Centro, indicó que los técnicos del Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) evaluarán el inmueble y reforzarán las estructuras para luego evacuar el resto de bienes. "La casa ya no es habitable", indicó. La construcción contigua fue también desalojada por la afectación de su estructura.

El inmueble de la familia Matute es parte de las 4 868 edificaciones patrimoniales del centro de Quito y de las 243 que estarían en malas condiciones.

De acuerdo con la Administración Centro, sus propietarios fueron notificados sobre el estado de la vivienda para que la intervengan.

Hipólito Matute, otro de los propietarios, señaló que la falta de recursos impidió las reparaciones.

Según Ron, se gestiona con la Secretaría de Seguridad la entrega de un ayuda económica por tres meses para que sus habitantes puedan pagar un arriendo, mientras el IMP determina qué pasará con la vivienda.

La Ordenanza 260, que establece los cuidados sobre los bienes inventariados, prohibe la incuria o abandono intencional de un bien para levantar una nueva construcción en su lugar. Los incumplimientos, a más de las sanciones económicas, pueden acarrear la expropiación del bien.

El año pasado, se elaboró un informe con base en la normativa en la que constaban 21 predios a expropiarse. Sus propietarios tuvieron un plazo de 90 días para presentar las propuestas arquitectónicas de restauración. Algunos cumplieron, otros dejan que sus casas se deterioren. (NJ)

 


Ciudad Quito

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